Privatization of Belgrano Cargas: The government rejects Grupo México's criticisms of the bidding process

La salida de Grupo México de la licitación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza generó interrogantes sobre el interés privado en el proceso, aunque en el Gobierno relativizaron su impacto y sostuvieron que las condiciones centrales de la privatización se mantendrán sin cambios. El principal punto de conflicto es el Open Access, un esquema que permite que distintos operadores utilicen una misma red de vías para transportar cargas. El Ejecutivo no lo revisará porque lo considera una condición necesaria para atraer nuevos operadores y ampliar el transporte de cargas.

Al inicio del proceso, Grupo México dejó claro que no estaba de acuerdo con el Open Access e incluso se reunió con funcionarios -entre los que se encontraba Federico Sturzenegger- en la Argentina Week. En esos encuentros, el Gobierno ratificó que no estaba dispuesto a negociar este punto y reafirmó su intención de favorecer la competencia. Pese a ello, el comunicado de la empresa sorprendió a las autoridades, aunque Grupo México viene de retirarse esta misma semana de otra operación ferroviaria que estaba bajo análisis en Brasil.

En el Ejecutivo reconocen que perder a un potencial oferente internacional no es una buena noticia, pero aseguran que no altera el desarrollo de la licitación. El Gobierno defiende el Open Access y se muestra optimista Actualmente, hay al menos ocho oferentes inscriptos en la licitación, por lo que el Gobierno se muestra optimista. La apertura de ofertas está prevista para el 11 de noviembre, pero el Ministerio de Economía analiza pedidos de prórroga presentados por las propias empresas.

Aún no se sabe de cuánto sería esa prórroga. En paralelo, el Ministerio de Economía tiene pendiente publicar los pliegos para el material rodante y los talleres ferroviarios, dos procesos que complementarán la concesión de las vías. Se estima que esos pliegos se publicarán la semana que viene. El Open Access es un esquema que permite que distintos operadores ferroviarios utilicen una misma red de vías para transportar cargas, en lugar de depender de un único concesionario que controle la infraestructura y la circulación de los trenes.

La modalidad fue incorporada por la Ley 27.132 en 2015, pero su implementación efectiva quedó postergada por el esquema de concesiones. La apuesta oficial es que la competencia permita sumar capacidad y mejorar un sistema que, según el diagnóstico del Ejecutivo, arrastra un problema estructural de densidad de carga. El esquema también permite que las unidades de negocio —administración de la infraestructura, operación ferroviaria y mantenimiento— se integren o funcionen por separado.

La flexibilidad apunta a contemplar distintos modelos empresariales y facilitar el ingreso de nuevos participantes, incluidas compañías mineras y operadores logísticos que podrían desarrollar su propia operación ferroviaria o contratar servicios de terceros. En ese marco, el Gobierno mantiene conversaciones con empresas vinculadas con la minería, entre ellas Rio Tinto, Ganfeng Lithium, Glencore plc y Vicuña Corp. También hubo contactos con otros actores del sector ferroviario y del transporte de cargas.