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El canciller Pablo Quirno defendió la decisión de Argentina de llevar a Reino Unido ante el Tribunal Internacional por el proyecto petrolero Sea Lion, que amenaza los recursos naturales. Es crucial detener las perforaciones.
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La nota se centra en la defensa de Quirno sobre el accionar del Gobierno argentino y cita la preocupación por los daños ambientales, sin incluir las voces del Reino Unido.
El canciller Pablo Quirno defendió la decisión de llevar al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y advirtió que el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, podría provocar daños irreversibles antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir. El pedido argentino busca impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción. “No vamos a permanecer impasibles mientras pretenden apropiarse de nuestros recursos naturales”, escribió Quirno en una columna de opinión publicada en La Nación.
Allí detalló la estrategia del Gobierno frente al proyecto de la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que, según indicó, prevé 23 pozos y 35 años de producción con licencias otorgadas por el Reino Unido que la Argentina considera ilegales. El canciller destacó que es la primera vez que la Argentina y el Reino Unido se enfrentan ante un tribunal internacional por un asunto vinculado con la cuestión Malvinas. También reclamó que el Congreso acelere el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y aseguró que el Gobierno continuará con los procedimientos sancionatorios y las acciones penales contra las compañías y sus directivos.
Qué pidió la Argentina y por qué considera urgente el fallo La Argentina inició el arbitraje contra el Reino Unido el 28 de septiembre y el 13 de octubre solicitó medidas provisionales al tribunal con sede en Hamburgo. En las audiencias del 10 y 11 de noviembre, la delegación argentina sostuvo que hace falta una protección urgente mientras se constituye el tribunal arbitral que examinará el caso de fondo. Además de frenar las perforaciones y la instalación de infraestructura, el Gobierno pidió que el Reino Unido se abstenga de usar los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, deje de obstaculizar las tareas de protección del medio marino y evite nuevas autorizaciones que puedan agravar la controversia.
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