Crece la tensión por Malvinas: el gobierno británico anunció que “protegerá” a las empresas que explotan recursos en las islas

Horas después de que el gobierno de Javier Milei anunciara la presentación de la demanda ante el Tribunal del Mar, en Hamburgo, contra la explotación de recursos en las Islas Malvinas, el gobierno británico anunció que modificará su legislación para “proteger” a las empresas que desarrollen esas actividades.

“El Gobierno del Reino Unido introducirá nuevas medidas de protección en respuesta a las medidas internas argentinas dirigidas a actividades relacionadas con las Islas Malvinas”, comienza el comunicado oficial del gobierno laborista inglés. En él, se detalla que “las nuevas medidas protegerán a las empresas y a los ciudadanos británicos frente a las medidas internas argentinas de alcance extraterritorial”. La referencia es concreta, y apunta a la empresa británica Rockhopper, que junto a la israelí Navitas desarrollan el proyecto Sea Lion, en aguas ubicadas al norte de las Islas.

“El Reino Unido reafirma su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación y al desarrollo económico”, agrega el comunicado del gobierno del primer ministro Andy Burnham.

El texto precisa que “el gobierno prepara medidas en el marco de la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI), subrayando que el Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y ciudadanos británicos”. Habla de “presiones para cumplir con normativas internas argentinas” y califica de “lícitas” las actividades del proyecto Sea Lion, cuestionado por el gobierno argentino ante el tribunal internacional.

El acta de Protection of Trading Interests (PTI) es una ley del Reino Unido de 1980 cuyo objetivo es proteger a las personas y empresas británicas frente a las leyes, decisiones judiciales y requerimientos extraterritoriales emitidos por países extranjeros que afecten a los intereses comerciales del Reino Unido. Ya se aplicó en casos como las sanciones de Estados Unidos contra Cuba e Irán, que afectaron intereses británicos. Autoriza a sus empresas a no cumplir con eventuales sanciones y a reclamar indemnizaciones cuando se ven afectadas por esas decisiones.

“El objetivo de estas medidas no es restringir la actividad comercial lícita de empresas británicas o radicadas en el Reino Unido con Argentina, sino protegerlas de verse obligadas a acatar medidas extraterritoriales dirigidas contra actividades legales vinculadas a las Islas Malvinas”, afirma el comunicado. También detalla que el gobierno británico “mantiene una estrecha colaboración con las empresas afectadas para brindarles apoyo”.