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La Nación11 min de lectura

Estimación de IA · confianza 85%
Encuadre predominante
Centro 40%
Centro · estimado por IA · confianza 85%
La estimación surge del análisis del texto de la nota: qué fuentes cita, qué hechos destaca y qué lenguaje usa.
Un modelo de IA lee la nota y estima qué parte del encuadre se inclina a la izquierda, al centro o a una mirada libertaria. Los tres porcentajes suman 100.
Esta es una estimación generada por IA y no un juicio objetivo.
Generado el · 1 min de lectura
Los resúmenes de IA pueden contener errores.
El artículo menciona tanto las medidas del gobierno como las preocupaciones de los expertos sobre la implementación, lo que sugiere un enfoque equilibrado. La inclusión de declaraciones de especialistas como Sebastián Domínguez también aporta un tono informativo sin un sesgo político evidente.
Hoy el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1253/2026 que reglamenta el régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal II. De esta manera, la nueva normativa sustituye la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal I, prevista en la Ley 27.799 y precisa algunos beneficios y requisitos para quienes quieren usar ahorros no declarados, “dólares del colchón”, para comprar una propiedad.
“En este decreto reglamentario lo que hace el Poder Ejecutivo es confirmar algunas cosas del decreto anterior y adaptar otras”, explica Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. Entre otras cuestiones, la normativa aclara cómo se calcula la discrepancia significativa que puede hacer perder los beneficios fiscales, confirma las condiciones de adhesión y habilita a quienes ya presentaron su declaración jurada por el régimen general a optar por el simplificado.
Sin embargo, todavía resta que ARCA adecúe su normativa y que la Unidad de Información Financiera (UIF) establezca cómo deberán actuar los sujetos obligados ante quienes utilicen fondos no bancarizados.
UIF VS. ARCA: la reglamentación pendiente
Actualmente, uno de los principales interrogantes que persisten para quienes quieren utilizar dólares del colchón en la compra de una propiedad está relacionado con los controles que deben realizar los escribanos.
“En operaciones inmobiliarias que superan aproximadamente los 700 salarios mínimos, vitales y móviles, los escribanos actúan como ´sujetos obligados´ ante la prevención de lavado de dinero", indica el tributarista. Es decir, que deben analizar el origen de los fondos utilizados en la operación, de acuerdo con las exigencias de la UIF.
Extracto. El contenido pertenece a La Nación.


Finanzas · Página/12

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