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El artículo critica la política económica del gobierno, describiendo la inflación como una "inflación institucionalizada" y enfatizando que la estrategia de actualización tarifaria es contradictoria con el objetivo de controlar la inflación. Además, cita a economistas que señalan la ineficacia de las medidas oficiales y el impacto negativo en los hogares.
La inflación del gobierno de Milei no cede. En octubre fue de 2,2 por ciento, según informó el Indec este jueves, lo que implicó una aceleración frente al 1,9 por ciento de septiembre. El dato desmiente a las consultoras privadas, que proyectaban una suba entre 1,8 por ciento y 2 por ciento, y al Palacio de Hacienda, donde esperaban perforar el piso del 2 por ciento mensual. Es una estocada para el oficialismo que suele presentar al ancla de precios como principal éxito de su programa. El indicador acumula 26,3 por ciento en el año y 33,1 por ciento en los últimos doce meses.
Los funcionarios eligieron con cuidado qué partes del índice celebrar en las redes, pero el dato general no estuvo entre ellas. El resultado fue un revés para la política oficial: con una inflación que se acelera por segundo mes consecutivo, y el piso del 2 por ciento se aleja cada vez más.
Los motores de la suba de precios fueron las tarifas de electricidad, gas y agua, y el salto de las verduras. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la de mayor suba, con 4,2 por ciento, impulsada principalmente por los aumentos del gas. Al desagregar puntualmente las tarifas, el salto llegó a 4,4 por ciento en el Gran Buenos Aires (GBA). En el último año, las tarifas crecieron 60 por ciento en territorio bonaerense, casi el doble que el 33 por ciento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general.
La política de actualización tarifaria choca así con el objetivo antiinflacionario. El Gobierno persigue dos metas que se contradicen. Luis Caputo defendió el esquema y planteó que la idea es una actualización “un poquito mayor a la inflación en cada mes”. Pero la quita de subsidios y la actualización por precios internacionales, tipo de cambio y otros costos se adelantaron claramente al IPC, y hoy empujan la inflación minorista. Para Economía, el dilema se volvió explícito: cuidar el superávit fiscal o controlar los precios.
Los economistas consultados coinciden en el diagnóstico. “Lejos de ser una inflación ‘controlada’ o ‘estabilizada’, estamos en presencia de una inflación institucionalizada por la política económica de aumento constante de tarifas de servicios públicos promovidos por el gobierno”, advirtió Haroldo Montagú, economista jefe de la consultora Vectorial. Martín Burgos, del Centro Cultural de la Cooperación, señaló en la misma línea que “el gobierno eliminó el programa de Zonas Frías, amparado en la protección del superávit fiscal, pero tuvo un claro efecto inflacionario”.
Pablo Moldovan, director de CP Consultora, fue más lejos: “La aceleración de la inflación pone en evidencia los límites del programa económico. Las anclas del programa son cada vez más efectivas para inducir una recesión, pero rinden cada vez menos resultados para bajar una inflación con un componente inercial evidente”. Ese componente es clave para los especialistas: se trata de una inflación de servicios, incorporada en todos los contratos de la economía.a el dato de inflación”, ironizó Burgos.

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