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La Nación7 min de lectura

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El artículo presenta de manera neutral los hechos judiciales, sin favorecer a ninguna parte, y se enfoca en los detalles del dictamen y el cierre del caso. No se observa un sesgo político claro hacia la defensa o acusación. Se citan documentos oficiales y declaraciones del fiscal.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró el caso $LIBRA el viernes pasado. Sobreseyó a Javier y a Karina Milei, y al resto de los acusados, con un fallo de 60 hojas basado, fundamentalmente, en un dictamen del fiscal del caso, Eduardo Taiano, que hasta el momento no se conocía. El dato más notable es su fecha: está firmado el día anterior a la sentencia de los sobreseimientos.
LA NACION accedió a su contenido y ratificó la fecha de presentación con una fuente oficial.
Esto quiere decir que el jueves, el juez recibió el dictamen, una presentación espontánea que no dice responder a consulta alguna, en la que, de forma inesperada, Taiano decide no seguir adelante con la investigación que tenía delegada. Y un día después, Martínez de Giorgi sobresee a todos los acusados. El juez hubiera podido limitarse a decir que, sin impulso fiscal, no podía seguir adelante. Pero eligió adentrarse en la revisión completa de las pruebas de la causa y en el análisis jurídico de las figuras penales adjudicadas al Presidente, a su hermana y al resto de los acusados. En 26 horas, revisó las 58 hojas del dictamen fiscal y tuvo lista la sentencia final para su causa.
Taiano firmó su dictamen a las 11:32 del jueves y Martínez de Giorgi suscribió su fallo a las 14:29 del viernes. La sentencia estaba escrita desde al menos las 13:30 de ese día, que fue cuando la firmó el secretario de la causa.
Por decisión del propio Martínez de Giorgi, Taiano era el único capaz de impulsar esta investigación porque el 3 de julio pasado el juez les quitó a las presuntas víctimas del caso la condición de querellantes (acusadores particulares) que tenían desde el 20 de marzo de 2025. Esa decisión fue confirmada el 4 de septiembre pasado por la Sala I de la Cámara Federal, en su primer día de integración con los nuevos jueces nombrados por el propio Milei.
Los cinco inversores desplazados de la causa apuestan ahora a un último recurso: que la Cámara Federal de Casación revise esta situación y los reponga como querellantes. Llegan en una situación de debilidad a ese tribunal porque la Cámara Federal no les concedió el recurso (no les habilitó el camino) y, por ende, fueron “en queja”. Por eso, lo primero que deberá hacer ahora la Casación es resolver si les abre o no el recurso. Ayer, Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores, presentó un “pronto despacho” para apurar esa decisión del tribunal. Con la expectativa de que le den la razón, Marchetto -patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik- apeló en paralelo los sobreseimientos.
Extracto. El contenido pertenece a La Nación.

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