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AI summary
Argentine unions are demanding a minimum wage of 3.2 million pesos to ensure a dignified life, covering basic needs such as food, housing, and healthcare. This proposal comes from the Program Unity, Struggle, and Rebellion to Recover the Homeland and highlights the decline in workers' purchasing power since Javier Milei took office, with significant losses in monthly incomes.
Various union organizations have called for mobilization and a struggle plan to secure labor and social rights.
Generated by AI from the original story in Spanish.
La propuesta forma parte del Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, aprobado por el frente durante su primer Plenario de Delegadas y Delegados, realizado el 1° de Mayo. Allí, las organizaciones reivindicaron el derecho a un salario mínimo que garantice una vida digna mediante la cobertura de alimentación, vivienda, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.
El secretario general de Pilotos, Pablo Biró, también reclamó profundizar la organización sindical y avanzar hacia un plan de lucha. "Va a llegar el momento que podamos parar los puertos, los molinos, las rutas, las universidades, los hospitales y los aeropuertos", sostuvo. Además, planteó que la reconstrucción económica deberá contemplar los derechos laborales y sociales.
En la misma línea, la presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, consideró que la respuesta al Gobierno requiere movilización y un programa de los trabajadores. También se pronunciaron a favor de profundizar las medidas de fuerza representantes de CONADU, la UTA y el sindicato de Molineros.
Cuánto perdieron los trabajadores desde que asumió Javier Milei
Según las estimaciones difundidas por el FreSU, desde el comienzo del gobierno de Javier Milei los trabajadores asalariados perdieron más de $78,5 billones en el acumulado de sus ingresos mensuales.
El frente señaló que los salarios reales del sector público cayeron un 21%, mientras que los del sector privado retrocedieron un 7% respecto del poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023, antes de la asunción del actual Gobierno.
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