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+Enfoque · Política
La Cancillería busca aprobar la Ley de Soberanía Nacional y ha propuesto ascender a Mariana Plaza, criticada por sus vínculos con inversiones británicas. Su nombramiento genera rechazo, especialmente entre excombatientes.
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El artículo destaca la relación entre la Ley de Soberanía, el ascenso de Mariana Plaza y la reacción del peronismo, citando fuentes del Palacio San Martín.
Fin del relato. Tras varias semanas de sobreactuación malvinera surgida al calor de la bandera de Malvinas que desplegó la selección en la semifinal del mundial de fútbol y las señales ambiguas de Donald Trump para presionar al Reino Unido, el oficialismo buscará aprobar este miércoles la denominada Ley de Soberanía Nacional. En simultáneo, la Comisión de Acuerdos del Senado volverá a tratar el pliego de la embajadora en Londres, Mariana Plaza, creadora de la “doctrina Plaza” durante el macrismo.
Esa doctrina desplazó el reclamo permanente de soberanía en las islas para enfocarse en la atracción de inversiones. La designación política por parte de Milei ya produjo un enorme rechazo entre los excombatientes. Ahora, la Cancillería propuso un ascenso de Plaza, junto a otros “colaboradores” de la gestión, que son cuestionados porque no respetan criterios básicos de mérito y de equidad. El peronismo en el Senado anticipa que no acompañará el ascenso de Plaza.
Este miércoles, al mediodía, el oficialismo y sus aliados llevarán al recinto la Ley Malvinas, definida por la oposición en la Cámara baja como un caballo de Troya que borra la frontera jurídica entre Seguridad Interior y Defensa y erosiona garantías constitucionales. En efecto, de los ocho títulos que componen la iniciativa, solo el primero está dedicado específicamente al régimen de sanciones vinculado con Malvinas. Aun así, el capítulo de las sanciones fue modificado a pedido de Washington tras la presión de Christopher Landau, para dejar por fuera de las sanciones a las empresas norteamericanas. En la misma sesión, el oficialismo buscará aprobar la reforma del BCRA, el acuerdo Mercosur-EFTA y el traspaso de la justicia federal a CABA.
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