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+Enfoque · Política
La Corte Suprema declaró inconstitucional dos artículos del decreto 70/2023, obligando al Estado a retomar el control sobre las cuotas de las prepagas, a pesar de las afirmaciones del Ejecutivo sobre emergencia económica.
Clarín3 min de lectura

Encuadre predominante
Izquierda 70%
Izquierda · estimado por IA · confianza 80%
La estimación surge del análisis del texto de la nota: qué fuentes cita, qué hechos destaca y qué lenguaje usa.
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Esta es una estimación generada por IA y no un juicio objetivo.
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Política · Perfil

Política · Página/12


Política · La Nación

Política · El Cronista

Estimación de IA · confianza 80%
La nota se apoya en la justificación de la Corte, enfatizando la falta de evidencia de una emergencia económica; no incluye comentarios del Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia determinó la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto 70/2023 del gobierno de Javier Miei que revocaban el control estatal sobre los valores de las cuotas de prepagas y ordenó que el Estado Nacional vuelva a asumir ese rol. El máximo tribunal advirtió que “no basta con ‘invocar una emergencia genérica’” como lo hizo el Ejecutivo en ese DNU “sino que resulta necesario justificar ‘la emergencia y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto’”.
“Desde esa perspectiva los considerandos del decreto 70/23 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’” sostuvieron los jueces Horacio Rosatti Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La decisión de la Corte Suprema es la primera en la que se dispone la inconstitucionalidad de artículos del mega DNU 70/23 ya que hasta ahora los planteos que habían llegado contra todo el texto o contra algunos artículos habían sido impulsados por actores que no tenían legitimación directa para iniciar esas demandas.Aquí la Corte confirmó “la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto 70/23 sin que lo resuelto implique ni pueda implicar en modo alguno emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto y su posible justificación los que eventualmente serán analizados en los casos concretos que se presenten y lleguen a este Tribunal”.
Extracto. El contenido pertenece a Clarín.