Zona fria: quem continuará com tarifas subsidiadas e quem as perderá

El procedimiento prevé que las distribuidoras presenten declaraciones juradas ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que controlará la información y elevará un informe a la Secretaría de Energía en un plazo de diez días corridos. Ésta comunicará los importes a los beneficiarios dentro de los cinco días hábiles, y ellos deberán emitir una nota de crédito o reducción de factura a favor de las distribuidoras en diez días corridos. Luego, la Secretaría solicitará el desembolso y el fiduciario acreditará los fondos. Los pagos podrán ajustarse de forma retroactiva dentro de los doce meses.

Para la venta de garrafas, cilindros y gas licuado de petróleo, los beneficiarios serán las personas humanas o jurídicas que indiquen las provincias. Deberán presentar mensualmente una declaración jurada ante la jurisdicción correspondiente, que tendrá diez días hábiles para elevar su informe a la Secretaría de Energía. El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días corridos de presentada la declaración. El decreto invita además a las provincias a adherir al régimen.

El decreto aprueba también el modelo de contrato de fideicomiso entre el Estado nacional y el Banco de la Nación Argentina, que sustituirá al vigente sin crear un nuevo fondo ni alterar su continuidad jurídica y patrimonial. El Ministerio de Economía actuará como fiduciante y el Banco Nación seguirá como fiduciario. El fideicomiso regirá hasta el 31 de diciembre de 2031. Se invita a las empresas proveedoras a adherir al contrato, algo que deberán hacer antes de comercializar gas dentro del régimen.

Por último, el texto mantiene vigentes las disposiciones del Decreto 786/2002 en todo lo que no resulte modificado o incompatible con la nueva ley, y deroga el Decreto 486/2021, que reglamentaba el esquema anterior.

Zona fría: qué cambia en las tarifas y los subsidios

El cambio central es la eliminación de la ampliación del régimen aprobada en 2021 a través de la Ley 27.637, que había extendido el beneficio a localidades de distintas provincias. La nueva norma deroga la mayor parte de ese texto, y en esas zonas el descuento deja de ser automático. Según estimaciones, más de 1,6 millones de usuarios de más de 90 municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza podrían perder la asistencia si no ingresan al nuevo sistema focalizado.